Entra en vigor en octubre la nueva ley de Procedimiento Administrativo.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entrará en vigor el 2 de octubre, contempla una regulación modernizadora de las administraciones en sus relaciones con los ciudadanos.

Uno de los temas más importantes es el de la administración electrónica.

Se pretende garantizar al ciudadano la posibilidad de relacionarse con la administración como medio para facilitarle el ejercicio de sus derechos. A este respecto la normativa incluye temas como la identificación o la firma electrónica,todos ellos de acuerdo con la normativa del mercado común y de las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pretende la norma una simplificación de los trámites administrativos que racionalice el actuar de la administración, agilice la gestión y economice recursos. Se intenta conseguir una administración "sin papeles" que esté a la altura de los avances tecnológicos a la par que aprovecha el potencial que suponen en beneficio de la comunidad. En otro orden de cosas, con la entrada en vigor de esta norma se derogan, entre otras, la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo Común, asi como el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,

por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Puedes consultar la ley pulsando aquí.